La sociedad que castiga a la mujer y justifica al violador

Esta viernes 24 de julio se conocía la noticia de la violación de una conductora del Sistema Integrado de Transporte (SIPT) de Bogotá, ocurrida en la noche del jueves 23 de julio en el suroccidente de la capital. Un acto aberrante que se consumó en el interior del autobús mientras la mujer desempeñaba su trabajo.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima transitaba por el sector Patio Bonito, en el sur de la ciudad. Según las primeras informaciones, dos hombres y una mujer se subieron en el vehículo y la amenazaron con arma blanca.

Posteriormente, uno de los implicados se posicionó en el lugar del conductor, mientras los otros dos sujetos sometieron a la mujer y la trasladaron a la parte trasera del bus, donde presuntamente la violaron y torturaron, para lo que introdujeron diversos elementos en su cuerpo.

Tras perpetrar el crimen, la mujer fue abandonada en la zona de San Andresito de la calle 38, en Puente Aranda. Fue un agente de la Policía quien la encontró semidesnuda e inmediatamente la trasladó al Policlínico del Olaya, donde está ingresada con pronóstico reservado. 

Las autoridades han difundido ya un retrato hablado de uno de los implicados y ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información sobre el paradero de los agresores.

El caso de esta mujer reabre las heridas de un problema vigente y que no cesa en el país: la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres y la vulnerabilidad a la que están expuestas. Sólo entre los años 2001 y 2009 hubo 489.678 casos de mujeres víctimas de violencia sexual, según datos de La Casa de la Mujer.

Una de los debates que se ha suscitado a raíz de la violación de la conductora del SITP se centra en  la pertinencia o no de que ellas desempeñen labores de cara al público en horarios nocturnos y zonas consideradas como "peligrosas". "Se debe prohibir que mujeres sean conductoras de Transmilenio, SITP y taxis para prevenir y cuidarlas de violadores", asegura un usuario de Twitter.

Este tipo de medidas probablemente sirvan para reducir los índices de violencia sexual en el país. "Esconder" a las mujeres e impedir que trabajen en determinadas profesiones, horarios y sectores de la ciudad sería, sin duda, una medida eficaz, pero paliativa. Por no decir que vulnera el derecho fundamental de estas a la dignidad, libertad e igualdad, además de reforzar (y más peligroso aún, normalizar) la idea de que la discriminación por motivos de género puede justificarse.

¿Qué mensaje se desprende de este tipo de medidas, más provisionales que de fondo? Que es más fácil decirle a la mujer que se cuide de las violaciones que enseñar a los hombres a que no las violen, maltraten, torturen y asesinen. Que es más sencillo criminalizar a la mujer por ser mujer y tener atributos, que penalizar de forma contundente y ejemplarizante los actos de violencia que se cometen contra ellas. Que una mujer debe ocultarse porque los hombres son hombres y ya se sabe, en ocasiones no controlan sus instintos y existe la posibilidad de que cometan una violación.

Prevenir y erradicar de una vez por todas la violencia de género en todas sus formas pasa por educar a la sociedad, en su conjunto. No sólo a los hombres, también a las mujeres, y hacerlo desde una edad temprana.

Educar en el respeto, en la igualdad, en la libertad, en la tolerancia, en la no violencia, en la no discriminación. Educar para forjar ciudadanos que no castiguen a las mujeres por haber nacido mujeres, un condicionante que la misma sociedad se ha encargado de imponer y penalizar.

Colombia debe empezar a proteger a sus mujeres y exigir responsabilidades a todos los poderes estatales, esos que tienen la capacidad ejecutiva, legislativa y judicial para poner fin a esta realidad de violencia sexual de la que son víctimas miles de mujeres y niñas cada año dentro y fuera del conflicto armado. En el contexto de la guerra interna colombiana, sólo el año pasado fueron violadas dos mujeres cada tres días, de acuerdo con el Centro Europeo para Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR).

Se requiere también acabar con la impunidad que caracteriza este tipo de crímenes (sólo el 30% de casos se denuncian, según Medicina Legal). Instituir un marco legal, jurídico y penal contundente que no se quede sólo en el papel, para investigar, sancionar y condenar la violencia de género y a sus perpetradores.

Condenas ejemplares que manden un mensaje claro: la violencia sexual se paga. Inexplicable e indignante que a un criminal como el 'Monstruo de la Sierrita', acusado de abusar sexualmente de varios menores, se le permitiera cambiar cárcel por casa. Purgaba una condena máxima de 15 años.

Lo ocurrido con la conductora del SITP es inexcusable, inaceptable y vergonzoso. Un crimen inhumano del que todos, como sociedad, somos culpables en el momento que lo justificamos con argumentos tales como “eso le ocurrió por ser mujer y trabajar a determinadas horas de la noche”.  ¡Basta ya!

@JuliaAlegre1