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La campaña chilena que "te enseña a abortar de forma accidental"

Fucsia.co

La campaña chilena que "te enseña a abortar de forma accidental" Foto: Ingimage

Tirarse por las escaleras o pegarse contra un grifo, son algunas de las formas que sugiere una campaña para abortar "accidentalmente". Una forma muy gráfica de condenar la falta de una legislación que despenalice el aborto en ese país.

"El aborto accidental es el único que no es delito", ese es el lema principal de la campaña que ha lanzado la Corporación Miles en Chile a favor de la despenalización del aborto en el país. Una propuesta que ha traspasado las fronteras chilenas y se ha convertido en un fenómeno viral por la dureza de las imágenes y lo directo de su mensaje.

La campaña está conformada por tres videos que, a modo de tutorial, enseñan a las mujeres cómo provocarse un aborto haciéndolo pasar por un accidente. Tirarse de espaldas por las escaleras, contra un carro en marcha o empotrar el estómago contra un grifo en la calle son las tres formas temerarias que propone la organización como forma de interrumpir un embarazo.

“Los vídeos no son tutoriales para enseñar a hacer un aborto, son ficción y demuestran la incapacidad que tiene nuestra sociedad para apoyar a las mujeres. […]Es una tortura lo que le están haciendo a las mujeres chilenas por no poder abortar”, aseguró Claudia Dides, directora de Miles, a la agencia EFE. 


La legislación que rodea esta práctica difiere según el ordenamiento jurídico de cada país del mundo y contempla, desde el libre acceso al aborto a través de los servicios sanitarios públicos, hasta la penalización del mismo con años de prisión para aquellas mujeres que opten por esta vía inducida. También para aquellos especialistas que lo practiquen.

Chile, junto a El Salvador, Nicaragua, la República Dominicana, Malta y El Vaticano, son los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico, esto es, la interrupción del embarazo inducido y voluntario por parte de la madre bajo cualquier precepto.

No fue siempre así. El aborto fue legal en el país latinoamericano hasta 1989, año en el que el dictador Augusto Pinochet derogó el artículo de la Constitución que lo legislaba y contemplaba.

Según cifras del  Ministerio de Salud de Chile, el aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el país. El 7% de las muertes por esta causa se producen por la mala praxis que caracterizan las intervenciones clandestinas que se realizan para interrumpir el embarazo.

"Esta campaña es chocante, y por eso es necesaria. Es igual de chocante que seamos uno de los pocos países en el mundo que no permite el aborto por ninguna causa. Lo que las mujeres deben vivir hoy día para realizarse un aborto "seguro" (nunca existe seguridad en la clandestinidad) es aún más chocante y debería indignarnos", asegura Melisa Gutiérrez, periodista chilena de la revista The Clinic.

En lo que respecta al proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción del embarazo que se debate en la actualidad en Chile, la periodista considera que es "el piso mínimo", como también lo ha deniminado la Asociación Nacional de Magistradas chilenas. "Necesitamos salir de esta política paternalista que victimiza a la mujer y avanzar hacia la legalidad total del aborto".


La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que cada año se realizan 26 millones de abortos a nivel mundial y 20 millones más de forma ilegal, los cuales, el 98% tienen lugar en países en desarrollo. Estos últimos, según indicó la propia OMS, suponen un riesgo para la madre puesto que, en términos generales, el personal que lo perpetua no está capacitado, ni el contexto en el que se desarrolla cumple con los estándares mínimos de salubridad.


En total, 69.000 mujeres mueren anualmente por las complicaciones que les ocasiona un aborto inseguro, es decir, una cada ocho horas.
Esto sin contar las que quedan con secuelas que arrastrarán a lo largo de su vida. La institución mundial habla en este caso de entre 2 y 7 millones de féminas.



Como recoge el mismo informe, la mayoría de los abortos inseguros se perpetúan en países donde esta práctica está prohibida y penalizada. Esto confirma que "cuando una mujer quiere detener su embarazo, lo hace, aunque esté en juego su propia integridad física, e incluso a riesgo de morir durante la intervención". 


Legislación sobre el aborto en diferentes partes del mundo.

Colombia. Se permite en tres únicos casos desde la sentencia a raíz del caso de Martha Sulay González. Tras practicarse una ligadura de trompas después de ser madre de tres hijas, González se quedó embarazada contra todo pronóstico. A las cuatro semanas de embarazo, se le detectó un cáncer de cuello de útero que debía ser tratado con quimioterapia, lo que suponía un riesgo mortal para el desarrollo fetal del futuro bebé.

Solicitó entonces un aborto inducido ya que, en caso contrario, sus probabilidades de seguir con vida debido a lo agresivo del cáncer eran nulas. Debido a la legislación anterior, se le denegó la práctica. Finalmente, la mujer dio a luz a su cuarta hija, aunque para entonces el cáncer se había reproducido produciendo metástasis en varios órganos y ya no admitía tratamiento.

Martha Sulay González continuó su lucha para la despenalización del aborto, que logró tras la citada sentencia en 2006. Un año después, moriría, rodeada de sus cuatro progenitoras, a casusa de los efectos devastadores del cáncer.

Su batalla logró un hito histórico, la sentencia 355 de la Corte Constitucional de 2006 por la que en todo el territorio colombiano se contempla la interrupción inducida del embarazo en tres supuestos: en caso de violación, cuando existe peligro para la salud física de la madre y en caso de graves malformaciones o problemas de salud del feto.

México. Desde abril de 2007, las mujeres en Ciudad de México pueden abortar libremente hasta las 12 semanas de gestación. El estado mexicano es el más liberal a este respecto de los 31 que conforman el país centroamericano.

Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación
, por un lado, y todos, salvo en Guanajuato, Guerrero y Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. Otros catorce de los treinta y uno contemplan las deformidades fetales graves como causa para interrumpir un embarazo. El estado de Yucatán es el único que, desde 1922, concibe los factores económicos como motivo para abortar cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más descendientes.

Por el contrario, en otros departamentos, como Guanajuato, esta práctica implica penas de prisión de hasta 30 años.

Estados Unidos. La normativa establece en un trimestre el plazo dentro del que una mujer puede interrumpir su embarazo. La legislación estatal de cada estado no puede, en ningún caso, transgredir esa prescripción. En cambio, tienen la potestad de imponer restricciones o prohibiciones a partir de ese momento.

Esta legislación fue adoptada tras la sentencia del caso Roe contra Wade en 1973, en la que se reconoció a Jane Roe el derecho de interrumpir un embarazo producto de una violación. En el otro lado del litigio, el fiscal del estado, Henry Wade, quien se oponía a avalar esta práctica. La demandante acabó dando a luz mientras el caso se resolvía. El bebé fue dado en adopción.

Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de Jane Roe con una sentencia revolucionaria en pro del derecho de la mujer a abortar en cualquier caso, pero sujeto a determinada temporalidad, como se menciona sobre estas líneas.

Canadá. Desde 1988, es uno de los pocos países que contempla el aborto inducido sin límite de gestación y sin coste alguno para la mujer, puesto que se practica en instalaciones médicas públicas. 

Ecuador. El aborto en el país latinoamericano es ilegal, y  solo se contempla en dos supuestos: si la vida o la salud de la mujer está en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación de una mujer con discapacidad mental. La pena por interrumpir un embarazo para la mujer es de uno a cinco años de prisión, y entre dos y cinco para el médico o personal que lo practique.

El Salvador. La penalización del aborto es absoluta y bajo cualquier precepto. No se contempla ningún caso excepcional por el que la mujer pueda interrumpir su embarazo, aunque haya sido producto de una violación, suponga un peligro para su salud o el feto presente graves malformaciones. Así, el artículo 133 del código penal del país latinoamericano castiga a "a aquel que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare" con penas que van desde los 2 a 8 años de prisión, a lo que hay que sumar la penalización correspondiente por homicidio.

La legislación restrictiva que dispone El Salvador en materia de aborto causó una gran controversia y conflictos diplomáticos a nivel internacional hace dos años por el caso de Beatriz (nombre ficticio), una salvadoreña a quien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le prohibió interrumpir su embarazo.

La mujer padecía Lupus (enfermedad renal grave) y preclamsia (complicación del embarazo), mientras que su feto había sido diagnosticado con anencefalia, una malformación  congénita que implica una ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo. Para más inri, los médicos encargados del cuidado de Beatriz habían concluido que las posibilidades de supervivencia del futuro bebé eran nulas, mientras que el riesgo para la madre si continuaba con el embarazo eran de muerte.

A pesar de las presiones de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, que hizo un llamamiento público al gobierno del país para que modificase su legislación, la joven de 22 años dio a luz a una niña por cesárea que murió a las pocas horas. El gobierno declaró que la intervención se realizó debido a las contracciones de la madre y no porque hubiesen aprobado un aborto terapéutico.

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