Organizaciones sociales exponen violencia sexual colombiana ante la CPI

Por Julia Alegre

En 2014, cada tres días fueron violadas dos mujeres en el marco del conflicto armado. En los últimos 12 años, el 84% de las víctimas de violencia sexual han sido mujeres.

Estos son algunos datos que se desprenden de la denuncia que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) el Centro Europeo para Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), en colaboración con las organizaciones colombianas Sisma Mujer y el colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).

En diálogo con Fucsia.co, Annelen Micus, responsable del área de crímenes internacionales y responsabilidad del ECCHR, aseguró que el objetivo del informe es presionar a la Fiscalía de la CPI para que inste al gobierno colombiano a investigar los casos de violencia sexual cometidos por todos los actores del conflicto y acabar con la impunidad que caracteriza este tipo de delitos, especialmente los que tienen como victimarios a representantes de las fuerzas estatales.

"Escogimos a las Fuerzas Militares como núcleo de nuestra comunicación porque aunque es cierto que la violencia sexual es un elemento generalizado en el conflicto, con una impunidad, además, del 98% para todos los actores implicados, las Fuerzas Armadas fueron identificadas como los agresores en más del 50% de los casos ocurridos entre los años 2004 y 2012”, asegura Micus.

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El texto resalta la necesidad de que la CPI incluya estos delitos cometidos por los agentes estatales como crímenes de lesa humanidad. "Estudiamos 36 casos ejemplares de violencia sexual cometidos por fuerzas militares en Colombia. Llegamos a la conclusión de que los delitos sexuales forman parte de la estrategia militar de las Fuerzas Armadas por lo que deben ser considerados bajo esta acepción”.

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Las demandas del ECCHR se enraízan en el Derecho Internacional y las implicaciones del Estatuto de Roma, del que Colombia forma parte desde el 2002. "Si el Estado no puede, o no quiere investigar estos casos y poner fin a la impunidad, la Corte Penal Internacional tiene la obligación de intervenir".

Desde hace más de una década, la CPI monitorea a Colombia para investigar la situación del país en términos de Derechos Humanos. 

En ese tiempo, el Tribunal de la Haya ha emitido varios informes en los que reconoce que la violencia sexual es parte de los efectos que tiene el conflicto armado en la vida de las mujeres. "Si Colombia quiere evitar que la Corte abra una investigación formal tiene que mejorar las investigaciones y rebajar la impunidad. Colombia tiene buenas leyes, el problema es la aplicación. Esperamos que la Fiscalía (de la CPI) haga  presión para que los fiscales en Colombia investiguen esos casos”, concluye Micus.

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Fucsia.co preguntó a la Alta Consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, al respecto. La exconcejal por el Partido de la U no quiso profundizar en el tema aunque insistió en que "todo tipo de violencia que atente contra la integridad de las mujeres colombianas tiene que ser abordado acá en la Consejería, por eso tenemos el comité de seguimiento a la ley 1719 sancionada en el 2014 (en la que se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial con ocasión del conflicto armado) . Ahí entran todos los tipos de violencia en el marco del conflicto armado, tanto de los unos como de los otros”, aseguró Ordóñez.

Fucsia.co intentó contactar a Guillermo Rivera, Alto Consejero presidencial para los Derechos Humanos, y uno de los autores de la citada ley de 2014, para que nos diera una versión oficial de los hechos. Tras insistir varias veces, no fue posible contactarlo para este artículo.