La Fiscalía, basada en evidencias encontradas mientras se investigaba el caso de las grabaciones de espionaje hechas por el Centro Democrático a la Presidencia de la
República por el hacker Andrés Sepúlveda (esposo de la hermana de Sabino, Lina Luna), encontró una llamada de la actriz.
Ni ella ni su hermana contaban con que esta conversación estuviera chuzada. La llamada, me imagino, debió estar llena de emocionalidad. Lejos de un diálogo de rutina debió haber tenido confusión, miedo, angustia, y
la Fiscalía la tomó como prueba para imputarle el supuesto delito de aborto. (Lee también La cultura del aborto clandestino)
¿Se indagó sobre esto? ¿El fiscal que hizo la imputación se tomó el trabajo de saber si el supuesto aborto fue hecho en los términos de la ley?, pero SOBRE TODO
¿Qué hace la justicia metida en las decisiones personales? ¿Qué hacen legislando sobre algo que pertenece a nuestro fuero íntimo? ¿Con qué derecho o
bajo que ley se ampara la Fiscalía para difundir este tipo de información, para vulnerar la dignidad y buen nombre de la actriz?
Hoy se conoce que la
Fiscalía, que parece república independiente sin control ni garantías, se echó para atrás con la decisión después de un encendido debate que desde el viernes toca fuerte las puertas del búnker.
"Soy el primero en censurar el manejo inadecuado de esta información al interior de la entidad. Nunca autoricé la divulgación de la decisión tomada”, dijo el fiscal Eduardo Montealegre en un comunicado, agregando que lideraría
"una discusión seria y académica en el país para presentar un proyecto de ley que avance en la protección de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo."
¿Y cómo se van a reparar los daños morales causados a Carolina, su familia y su entorno?, ¿tenía Colombia que enterarse del aborto de esta actriz?,
¿qué garantías nos quedan a las mujeres para recurrir a un aborto si fuera necesario? y, ¿de verdad el Fiscal no tenía idea de que se divulgaría esta información?
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Parece entonces que desde la Fiscalía no se ha encontrado ninguna prueba significativa en el grave caso de un partido político chuzando a sus contrincantes ni en los otros en los que esa entidad sigue sin hallar nada. No sabemos nada sobre desaparecidos, sobre los niños de La Guajira, sobre Luis Andrés Colmenares, o sobre la
vergüenza de contratos con la señora Natalia Springer, pero sí podían hilar fino para encontrar un supuesto delito de aborto.