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Mi cuerpo sigue sin ser mío

Fucsia.co

Mi cuerpo sigue sin ser mío Foto: Instagram

El caso de la actriz Carolina Sabino es, a todas luces, doloroso, inmerecido, vergonzoso y violatorio de su buen nombre, de su intimidad y de los derechos reproductivos de TODAS las mujeres de Colombia.

Siglos de lucha de las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre sus proyectos de vida, sobre sus profesiones, sobre todo, a veces parecen que no han dado sus frutos. (Lee también Aborto en Colombia, nueve años de una despenalización a medias)

Por cada avance que tiene la sociedad parece haber cuatro retrocesos. En pleno siglo XXI seguimos peleando por equidad salarial, por igualdad de género y básicamente por todo a lo que deberíamos tener derecho las mujeres.

El caso de la actriz Carolina Sabino es a todas luces doloroso, inmerecido, vergonzoso y violatorio de su buen nombre, de su intimidad y de los derechos reproductivos de TODAS las mujeres de Colombia.

Sí, de TODAS, porque este es sólo un ejemplo de la liviandad con que la Fiscalía y otras autoridades del Estado, obtusas y drásticas, se toman el tema del aborto. Porque lejos de lo que se piensa, un aborto no es sólo una decisión y ya. Es una elección dolorosa, difícil, que desgarra y cuya vivencia pocas veces se cuenta.


Foto: Instagram


La Fiscalía, basada en evidencias encontradas mientras se investigaba el caso de las grabaciones de espionaje hechas por el Centro Democrático a la Presidencia de la República por el hacker Andrés Sepúlveda (esposo de la hermana de Sabino, Lina Luna), encontró una llamada de la actriz.

Ni ella ni su hermana contaban con que esta conversación estuviera chuzada. La llamada, me imagino, debió estar llena de emocionalidad. Lejos de un diálogo de rutina debió haber tenido confusión, miedo, angustia, y la Fiscalía la tomó como prueba para imputarle el supuesto delito de aborto. (Lee también La cultura del aborto clandestino)

¿Se indagó sobre esto? ¿El fiscal que hizo la imputación se tomó el trabajo de saber si el supuesto aborto fue hecho en los términos de la ley?, pero SOBRE TODO ¿Qué hace la justicia metida en las decisiones personales? ¿Qué hacen legislando sobre algo que pertenece a nuestro fuero íntimo? ¿Con qué derecho o bajo que ley se ampara la Fiscalía para difundir este tipo de información, para vulnerar la dignidad y buen nombre de la  actriz?

Hoy se conoce que la Fiscalía, que parece república independiente sin control ni garantías, se echó para atrás con la decisión después de un encendido debate que desde el viernes toca fuerte las puertas del búnker.

"Soy el primero en censurar el manejo inadecuado de esta información al interior de la entidad. Nunca autoricé la divulgación de la decisión tomada”, dijo el fiscal Eduardo Montealegre en un comunicado, agregando que lideraría "una discusión seria y académica en el país para presentar un proyecto de ley que avance en la protección de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo."

¿Y cómo se van a reparar los daños morales causados a Carolina, su familia y su entorno?, ¿tenía Colombia que enterarse del aborto de esta actriz?, ¿qué garantías nos quedan a las mujeres para recurrir a un aborto si fuera necesario? y, ¿de verdad el Fiscal no tenía idea de que se divulgaría esta información? (Lee también La campaña chilena que te enseña a abortar de "forma accidental")

Parece entonces que desde la Fiscalía no se ha encontrado ninguna prueba significativa en el grave caso de un partido político chuzando a sus contrincantes ni en los otros en los que esa entidad sigue sin hallar nada. No sabemos nada sobre desaparecidos, sobre los niños de La Guajira, sobre Luis Andrés Colmenares, o sobre la vergüenza de contratos con la señora Natalia Springer, pero sí podían hilar fino para encontrar un supuesto delito de aborto.


Foto: escritoenlacalle.com

En diálogo con Fucsia.co, Mónica Roa, vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Externas de la organización Women’s Link Worldwide, aseguró que quizás la exposición de este caso pueda ayudar a implementar la ley de una manera más efectiva.

"Esta es una lucha que no hemos terminado de dar. Esto nos ayuda a ampliar el marco del debate, y a hacer una reflexión más grande sobre lo que las mujeres necesitamos de la justicia. Hay tantas necesidades en términos de justicia que las autoridades deberían invertir sus recursos de una manera eficaz para priorizarlos." (Lee también Aborto, ¿qué significa para ti?)

Y añade: "Por ejemplo, hay un montón de casos denunciados de abortos forzados en el marco del conflicto armado, ¿dónde está la investigación sobre eso? Ese tipo de casos sí merecen la pena de ser investigados, pero la Fiscalía no ha hecho nada."


La activista Mónica Roa, principal impulsora de la ley de despenalización. Foto: Semana.com

Desde estas páginas hacemos un llamado a las autoridades para que de una vez por todas respeten leyes que hace casi 10 años se aprobaron y para que detengan la vulneración permanente de los derechos de las mujeres. Para que se informen sobre la legislación y no salgan diciendo barbaridades como que "desconocen" que la causal de salud mental no cabe para una interrupción del embarazo.

Tras nueve años de la sentencia C-355 de 2006 por medio de la cual se despenalizó el aborto en Colombia (en tres casos específicos: cuando está en riesgo la salud física y mental de la madre, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto y cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida) la verdad es que parece que nada ha cambiado.

Datos suministrados a Fucsia.co por Profamila y realizados por el Guttmacher Institute en 2011, muestra que a pesar de la sentencia el 99.9% los abortos que ocurren actualmente suceden por fuera de la ley. "Es posible que estos abortos, en manos de proveedores no capacitados, sean realizados en condiciones inseguras que conduzcan a complicaciones y tengan consecuencias que afectan la salud", indica el documento.

"Todavía tenemos muchos obstáculos para la implementación de la sentencia: desconocimiento sobre nuestros derechos. Incluso el miedo que desde la Procuraduría se imparte a los funcionarios que tienen que velar porque la sentencia se cumpla. Muchos tienen miedo de que el procurador les inicie proceso disciplinario. Entonces lo que estamos viendo es una paradoja porque son las mismas entidades del Estado las que llevan a que las mujeres sigan recurriendo a un aborto clandestino", afirma Roa.

Cindy A. Morales
@CinMorAleja

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